¿Por qué decimos no al anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales?

29.07.2014

 

Mª Dolores Soler Aznar, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante.

Desde que se puso en funcionamiento el COTSA el año 1982, en base al Título I, Capítulo III, de la Constitución Española de 1978 y a la Ley 10/1982, de 13 de abril, de creación de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, los profesionales del Trabajo Social de la provincia de Alicante hemos contado con un referente indispensable para nuestra profesión. Durante todos estos años nuestro colegio ha sido punto de encuentro, espacio de formación, de representatividad, de deontología y supervisión; demostrando su eficacia en el cumplimiento de las funciones que estatutariamente le han sido encomendadas.

Somos un colegio profesional que cuenta con 858 colegiados y colegiadas que desarrollan su actividad en educación, sanidad, instituciones penitenciarias, juzgados, adopción, en el sistema público de servicios sociales, dependencia, discapacidad? No cabe duda de la trascendencia que la profesión de trabajador social tiene para muchas personas en la protección y tutela de sus derechos fundamentales, en la prevención y lucha contra la exclusión, y también en la salvaguarda de la justicia social como valor irrenunciable de nuestra sociedad.

El COTSA ostenta la representatividad democrática de nuestro colectivo, es el interlocutor ante las diferentes instancias de la Administración Pública, promueve la formación continuada y proporciona los medios para mantener la actualización científica y técnica ante los nuevos retos profesionales, vela por el cumplimiento de la legalidad y de los principios éticos y deontológicos en el ejercicio profesional, y ejerce la supervisión necesaria para garantizar la calidad de las intervenciones de los profesionales y la satisfacción de los usuarios.

Consideramos que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales va justo en la dirección contraria a lo anteriormente expuesto. Su aprobación en el trámite parlamentario va a suponer el desmantelamiento de los colegios profesionales en aras de la competencia y el libre mercado. Esta ley es de facto una desregulación que va a suponer la desaparición de muchos colegios profesionales.

Esta futura norma se basa en criterios de mercado, estableciendo un «marco de libertad de acceso y libertad de ejercicio de toda actividad profesional y profesión», va a regular las actividades económicas eliminando barreras y obstáculos para el ejercicio profesional, en detrimento de las garantías y de la calidad de los servicios profesionales.

Pero, precisamente, el Trabajo Social por su naturaleza y misión no debe estar sometido a principios y criterios meramente economicistas. Es necesario salvaguardar y dar continuidad a los colegios oficiales de Trabajo Social porque son garantes de los logros sociales, de la protección a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos, de la salvaguarda de los derechos de ciudadanía; y, en definitiva, de que vivamos en una sociedad más justa e igualitaria.

Nos oponemos a la futura Ley de Colegios y Servicios Profesionales:
Porque con ella no se garantiza la calidad de los servicios que se prestarán al ciudadano en materia de protección social.
Porque los colegios profesionales son elementos clave de la sociedad civil que velan con independencia por la defensa del interés público, y su desaparición puede provocar graves perjuicios a la ciudadanía.

Porque supone la finalización de la colegiación obligatoria para los trabajadores y trabajadoras sociales en ejercicio, siendo ésta el instrumento más adecuado para ofrecer con garantías una buena praxis profesional.

Porque queremos que se garantice el ejercicio profesional competente y de calidad de todos los profesionales del Trabajo Social.
Porque defendemos las atribuciones y competencias profesionales que son propias y exclusivas del Trabajo Social, evitando el intrusismo.
Porque la intervención social se ha de llevar a cabo sobre bases científicas y técnicas, como servicio a la sociedad lejos de intereses económicos.

Porque queremos asegurar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de los servicios que prestan los colegiados y colegiadas.

Porque desaparecerá la autorregulación que mantienen las corporaciones colegiales para poder cumplir con independencia las funciones públicas que tienen encomendadas.

Porque la liberalización de los servicios profesionales traerá como consecuencia una merma en las posibilidades de defensa de los derechos de los ciudadanos.

Porque los colegios oficiales debemos seguir siendo los interlocutores ante las diferentes instancias y organismos públicos.
Porque desde los colegios oficiales se puede ejercer el control deontológico de la acción profesional.

La liberalización de los servicios profesionales, con pretendidas finalidades económicas y de competitividad, no procede y no se justifica bajo ningún concepto en el ámbito del Trabajo Social. De la misma manera que en el Anteproyecto se mantiene la obligatoriedad de colegiación para las profesiones de atención directa a personas, hay que mantenerla en el ámbito del Trabajo Social, puesto que los profesionales de este sector incidimos directa y sensiblemente en la vida de las personas, intervenimos en aspectos que corresponden a la privacidad e intimidad de quienes viven y sufren circunstancias que afectan a su bienestar, a sus posibilidades de desarrollo personal y social, y a sus derechos fundamentales.

Los trabajadores y trabajadoras sociales decimos no al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales porque queremos que se garanticen los derechos ciudadanos, porque creemos en una sociedad más solidaria y porque velamos y trabajamos para hacer realidad la justicia social.

 

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