Promover la igualdad social y económica

20.03.2013

Artículo de opinión publicado por el diario Información el 19/03/13 y escrito por la presidenta del Colegio Oficial en el Día Internacional del Trabajo Social.

Mª Dolores Soler Aznar. La celebración del Día Internacional del Trabajo Social es una oportunidad anual para hacer visible ante la sociedad una profesión cuyo cometido es garantizar los derechos sociales de las personas y la justicia social. En nuestro país hace treinta años que se crearon los colegios oficiales de Trabajo Social, desde entonces los/as trabajadores/as sociales hemos tenido una presencia cada vez mayor en el ámbito comunitario, aportando nuestros conocimientos para la reducción de las desigualdades, nuestro compromiso con la realidad de los colectivos más desfavorecidos, y también impulsando acciones y programas para el desarrollo social.
Actualmente, la crisis económica se ha convertido en un drama para muchas familias que lo han perdido todo, que han agotado todos los subsidios, que han sido desahuciadas o que se encuentran en situación de pobreza; personas que viven en la desesperanza y están en la vía de la marginalidad. Mientras, las actuales políticas de austeridad no hacen más que afectar a los colectivos más empobrecidos y vulnerables, limitando sus posibilidades de realización personal, de acceso a unas condiciones de vida dignas y de participación social.
El incremento del desempleo, que supera ya el 25% de la población activa, el número creciente de parados de larga duración y de personas que no perciben ningún subsidio, además de los problemas inherentes a esas circunstancias, trae como consecuencia que haya cada vez más niños/as que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza. De hecho, el riesgo de pobreza o exclusión social en España de la población infantil menor de seis años se sitúa ya en el 27% (Eurostat, 2011), y ese porcentaje tristemente continúa creciendo. Pero además de la pobreza de las personas, otro efecto de la crisis es el de la desaparición o asfixia financiera de asociaciones de atención a colectivos y organizaciones no gubernamentales, cuya labor de atención y ayuda a las personas que más lo necesitan es imprescindible.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al tercer trimestre de 2012, cerca de 44.000 hogares de la provincia de Alicante no reciben ningún tipo de ingresos. En España son 2 millones de personas las que no reciben prestación alguna y 1,8 millones los hogares que tienen a todos sus miembros sin empleo. Los datos de la última encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2012) ponen de manifiesto que el 21,1 % de la población española se encuentra por debajo del umbral de pobreza; y las perspectivas en el corto y medio plazo no son nada halagüeñas. Intermón-Oxfam alerta de que el 40% de españoles será pobre en 2022, lo que aumentará todavía más la brecha social.
En este contexto, el anteproyecto de la nueva Ley de Bases de Régimen Local atribuye la competencia exclusiva de los servicios sociales a las comunidades autónomas, dejando únicamente a los municipios las labores de "evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión". Esta reforma va a suponer una reducción drástica de las prestaciones municipales para luchar contra la desigualdad social, precisamente en una coyuntura socioeconómica en la que las necesidades de la población están colapsando los recursos asistenciales existentes. La implantación de este nuevo modelo de servicios sociales va a suponer la desaparición de servicios que se prestan actualmente y la posible privatización de otros.
Desde la Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos y la Cumbre Social, como desde el propio Consejo General del Trabajo Social, se viene denunciando la necesidad de mantener el sistema público de servicios sociales. Las Mareas Ciudadanas en las calles han expresado durante los últimos meses el rechazo de la ciudadanía a las políticas de recortes. La Marea Naranja, que aglutina a profesionales y colectivos del sector de Servicios Sociales, bajo el lema "Servicios sociales para todas y todos", ha reivindicado que las personas deben ser el centro y la prioridad del sistema, que los servicios sociales son un pilar básico del Estado del Bienestar, como lo son la Sanidad y la Educación, y que, ahora más que nunca, son necesarias políticas sociales activas y decididas para combatir las desigualdades, la exclusión y la pobreza.
Si desaparecen los servicios sociales de base se están atacando los principios básicos de la justicia y la cohesión social. Este no es el camino para construir la Europa social. Indudablemente, estamos ante un cambio de prioridades económicas, pero también ante un modelo que va a generar una mayor desigualdad. Vamos hacia una sociedad en la que cada ciudadano/a va a tener que asumir todos los riesgos de su propia existencia sin la ayuda que desde las instancias públicas se tienen que prestar a quienes sufren situaciones o riesgo de exclusión. Los/as trabajadores/as sociales reclamamos iniciativas institucionales que garanticen los servicios sociales públicos y universales, la atención a la discapacidad, infancia, familia, mujer, inmigrantes, dependencia. Creemos que es tiempo de fortalecimiento del sistema de protección social, de corresponsabilidad, de arropamiento, de consenso y de movilización. Es tiempo de promover la igualdad social y económica.

 

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