El Colegio de Trabajo Social de Alicante mantiene abierta la queja ante el Síndic de Greuges por los despidos en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante
Alicante 24/01/22.- El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante ha tenido conocimiento de que se ha repetido un año más la situación de nuevos despidos, a finales de año, de personal de la concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, entre los que se encuentran profesionales del Trabajo Social. En palabras de su presidenta, Mª Dolores Soler, la entidad colegial viene denunciando desde diciembre del año 2020 “las graves dificultades que está teniendo la ciudadanía de Alicante para acceder a los Servicios Sociales de Atención Primaria, sufriendo una importante demora en las primeras citas”.
La situación, contaba el pasado miércoles 19 de enero con un episodio de protesta a pie de calle protagonizado por las y los trabajadores de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante, que volvían a salir a la calle para protestar por la falta de personal en la plantilla municipal tras la salida, a finales del pasado año, de más de un centenar de trabajadores al terminar sus contratos anuales, algo que choca de frente con el escenario social que estamos viviendo derivado por la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 y que ha agravado las condiciones de vida, ya de por sí precarias, de muchos colectivos en situación de vulnerabilidad.
Igualmente, hoy se ha vuelto a poner de manifiesto que el colapso social en Alicante se agrava con más de 2.500 expedientes sin resolver y que la concejalía de Acción Social acumula unas 1.600 tramitaciones de la dependencia pendientes de valoración y 900 relativas a la Renta de Inclusión, mientras se sigue sin solucionar la contratación del centenar de trabajadores cuyos contratos terminaron en diciembre.
Los y las trabajadoras sociales son un pilar básico en los equipos profesionales que se integran en los Servicios Sociales. El COTSA, como entidad que representa a las y los profesionales del Trabajo Social, “quiere manifestar su profundo malestar por la precariedad en la que se encuentran las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Alicante, con las consecuencias que esto supone de vulneración de los derechos de la ciudadanía”. Así mismo, desde el COTSA recuerdan que la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana reconoce el acceso a los Servicios Sociales como un derecho subjetivo de la ciudadanía y consideran que “es responsabilidad de los poderes públicos garantizar un sistema de Servicios Sociales con la suficiente dotación de personal, equipamiento y de recursos técnicos y financieros que aseguren el ejercicio de los derechos sociales reconocidos a la ciudadanía”.
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