El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante denuncia que expedir certificados para la solicitud del IMV no es tarea de los Servicios Sociales

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, siguiendo la línea que expone el Consejo General del Trabajo Social sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ha trasladado a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que, entre las tareas encomendadas a los equipos de Servicios Sociales de Atención Primaria, no se encuentra la de expedir certificados para la solicitud de esta prestación gestionada por la Seguridad Social (INSS), un requisito que se incluye en el último Real Decreto en torno al IMV.

La entidad colegial entiende que esta prestación tiene que ser gestionada y tramitada por el organismo estatal competente, que es la Seguridad Social, encargada también de informar a la ciudadanía, y en ningún caso tiene que requerir ningún tipo de informe emitido por los Servicios Sociales de Atención Primaria.

Desde el organismo colegial de la provincia de Alicante se ha pedido, a través de una misiva, a la Dirección General de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos que, en la medida de sus posibilidades, competencias y comunicaciones, inste al Gobierno central para que trabaje hacia una prestación de derecho subjetivo,no contributiva, incondicional y universal dirigida a toda la ciudadanía, es decir, la Renta Básica Universal, lo que supone la necesidad de una mayor dotación de medios y recursos para garantizar su acceso, como por ejemplo la incorporación de trabajadoras y trabajadores sociales en la Seguridad Social.

La situación descrita contribuye al colapso de las entidades locales, además de suponer un riesgo en la atención de las personas que requieren intervención o acompañamiento profesional de los Servicios Sociales municipales en la lucha contra la exclusión social.

Además, se ha añadido que la gestión del IMV no es acorde con la situación de urgencia del momento producida por la crisis sanitaria, social y económica de la COVID-19 y que se tiene que garantizar la responsabilidad pública en las prestaciones sociales básicas.

También se ha destacado la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana para que sirva como punto de partida para la creación de una ley marco estatal de Servicios Sociales, cosa que se viene pidiendo desde el Consejo General del Trabajo Social desde hace tiempo.

El Real decreto ley en el que se estableció el IMV, el 29 de mayo de 2020, dice que se trata de una “prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva”.