Los colegios valencianos de Trabajo Social piden enmendar el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat.

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Alicante, Castellón instan a los grupos políticos del parlamento valenciano a enmendar el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2025, por el “retroceso de derechos” que implica al “someter el derecho de las personas solicitantes de prestaciones económicas como la Renta Valenciana de Inclusión a la existencia de crédito suficiente”. Recriminan también que en el borrador se modifique el concepto de “derecho subjetivo” que ha ido ligado a este tipo de prestaciones sociales. Recuerdan en este sentido que la Renta Valenciana de Inclusión fue regulada como derecho subjetivo de la ciudadanía en 2017, lo que implica “la obligación de la Administración Pública competente a proveer una prestación profesional y económica para la cobertura de las necesidades básicas”.

El citado anteproyecto, en su artículo 78, “suprime y deja sin contenido el artículo 44 (relativo a los créditos de la Generalitat) de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de Renta Valenciana de Inclusión”. En éste se indica que “los créditos destinados a satisfacer el pago de las prestaciones económicas reguladas en esta ley tendrán el carácter de créditos ampliables en el presupuesto de la Generalitat”.

“Eliminar este artículo supone eliminar el carácter de crédito ampliable en este tipo de prestaciones económicas, quedando sometido el derecho de las personas solicitantes a la existencia de crédito suficiente”, inciden. Esta medida implica una “limitación presupuestaria que retrotrae al modelo subsidiario e ineficiente de la Renta Garantizada de Ciudadanía”. “Supone -denuncian- un retroceso de derechos y puede tener un gran impacto en la población, que tendría que esperar ‘sine die’ la percepción de la prestación, dependiendo de que los poderes públicos quieran dotarla mejor o peor económicamente”.

Así, indican los tres colegios de Trabajo Social, “teniendo en cuenta que las beneficiarias de esta prestación son las personas más vulnerables económicamente que existen, no podemos estar de acuerdo con que además se sometan a un maltrato institucional”.

Por este motivo, solicitan a los grupos políticos con representación parlamentaria que presenten una enmienda de supresión del artículo 78 del anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat para 2025.

Ponen también el foco en el artículo 81 del borrador de la citada norma, que modifica el artículo 32 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, sobre prestaciones garantizadas, y que indica que, a los efectos de esta ley, “se entiende por prestaciones garantizadas el conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que, cumpliendo con los requisitos de acceso, podrán ser exigibles como derecho subjetivo”.

Recuerdan que actualmente el artículo “entiende por prestaciones garantizadas el conjunto de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que, cumpliendo con los requisitos de acceso, podrán ser exigibles como derecho subjetivo, contando para tal fin con créditos ampliables”.

Así, desde los tres colegios recuerdan que en este caso “también se están eliminando los créditos ampliables” lo que, “además de ratificar el criterio anterior de retroceso en derechos sociales, en este caso debemos añadir que no se puede hablar de derechos subjetivos si los créditos no son ampliables, pues los derechos subordinados a la voluntad de la Administración de poner más o menos dinero para costearlos, no son subjetivos”.

“La supresión de los créditos ampliables en el artículo 32 supone un perjuicio sin precedentes para el conjunto de la sociedad valenciana al mermar sus derechos de protección social retornando a criterios benéfico-asistenciales y de carácter subsidiario”, inciden.

Por este motivo, instan también a los diferentes grupos políticos a que presenten una enmienda de supresión del artículo 81. “Pedimos una reacción desde la esfera institucional en beneficio de las personas más vulnerables de la Comunitat Valenciana”, concluyen.