Nadie sin energía

El Consejo General del Trabajo Social, en representación de la profesión, se une a las más de 40 organizaciones que reclaman al Gobierno la prohibición permanente de cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad.

Las organizaciones firmantes denuncian que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables tienen un carácter temporal y reclaman un marco legal estable “que avance en el Derecho a la Energía”. También señalan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) sólo se ha implementado parcialmente y reclaman cuatro medidas urgentes, a implementar este año 2024 y tres medidas a medio plazo. Las medidas urgentes reclamadas son:

1. Que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago, sin aplicar el principio de precaución que ya funciona en Cataluña.
2. Ampliación y automatización de la concesión del bono social, y creación de una tarifa social accesible.
3. Cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social.
4. Creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).

Además, se solicita al Gobierno que intervenga en el caso de la Cañada Real, donde llevan sin suministro eléctrico desde hace más de tres años, y que garantice el acceso a la energía a su población.

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